Los cuidados durante la primera infancia representan una de las inversiones sociales y sanitarias de mayor retorno económico para un país. Influyen de manera directa en el desarrollo neurocognitivo, la salud futura del recién nacido, la equidad de género y la productividad poblacional. Sin embargo, en Argentina, la normativa vigente de licencias laborales continúa tratando el nacimiento como una «incapacidad temporaria» y no como el insumo biológico y social fundamental para la conformación del capital humano.
En un contexto de marcada transición demográfica —donde la tasa de fecundidad en Argentina cayó un 49 % en la última década—, el régimen de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo presenta severas limitaciones. Con solo 2 días de licencia por paternidad (el plazo más breve de Sudamérica) y cerca de la mitad de los trabajadores excluidos por informalidad o cuentapropismo, el sistema actual no garantiza el tiempo necesario para acompañar el desarrollo infantil temprano.
Un reciente informe elaborado por el Programa de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), titulado Lactancia en contexto: hacia un marco integral de políticas de cuidado, analiza este problema y advierte sobre las consecuencias de no modernizar las políticas de protección.
“Discutir licencias en un contexto de baja de los nacimientos es discutir capital humano. El tiempo protegido en los primeros meses de vida es un insumo clave del desarrollo: mejora las posibilidades de sostener la lactancia, fortalece el vínculo temprano y favorece el desarrollo infantil, con efectos que trascienden el mercado laboral”, puntualiza Manuel Mera, director de Protección Social de CIPPEC.
El impacto directo del tiempo protegido sobre la lactancia materna
La lactancia materna exclusiva (LME) no depende únicamente de la voluntad familiar; está condicionada de forma determinante por el acompañamiento del equipo de salud y por el tiempo disponible para cuidar.
Argentina muestra indicadores positivos a nivel regional según la Encuesta Nacional de Lactancia Materna (ENaLac): 9 de cada 10 lactantes reciben leche materna en sus primeros seis meses, y el 53 % lo hace de forma exclusiva durante el primer semestre, superando la meta del 50 % fijada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sin embargo, sostener la lactancia se vuelve crítico conforme avanzan las semanas: entre los 2 y los 6 meses de vida, la LME cae del 54 % al 45 %. La ENaLac identifica la falta de licencias prolongadas —tanto para el cuidador primario como secundario— como una de las principales barreras para sostener la lactancia.
Disparidad en el sector privado e informalidad laboral
En el ámbito corporativo existen iniciativas deseables —como jornadas flexibles, espacios amamantatorios y licencias extendidas—, pero su alcance es heterogéneo y circunscrito a grandes empresas. Por otro lado, para las trabajadoras informales o independientes, las coberturas estatales protegen la transferencia de ingresos y controles médicos, pero omiten por completo el resguardo del tiempo para cuidar durante la etapa neonatal.
Reformar el sistema: Un modelo basado en universalidad, corresponsabilidad y equidad
El diagnóstico de CIPPEC señala tres fallas estructurales del régimen argentino:
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Falta de universalidad: Excluye a la mitad de la fuerza laboral.
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Heterogeneidad normativa: Otorga derechos fragmentados según el sector o la provincia.
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Sesgo maternalista: Las licencias para gestantes son hasta 45 veces más extensas que las de no gestantes, consolidando la brecha de género en el mercado laboral y la sobrecarga de cuidados.
Ante esta situación, CIPPEC propone una reforma progresiva basada en tres ejes: universalidad, corresponsabilidad y equidad, que contemple la extensión paulatina de días para personas no gestantes y adapte la cobertura a adopciones, nacimientos prematuros o familias monoparentales.
Viabilidad fiscal y factibilidad política
La discusión presupuestaria resulta altamente favorable: el gasto del régimen actual representa el 0,07 % del PBI. Debido a la caída sostenida en la tasa de natalidad, el gasto real en licencias disminuyó un 35 % en los últimos diez años.
Una reforma gradual de mínima elevaría la inversión pública a un 0,09 % del PBI hacia 2033, mientras que un esquema más amplio alcanzaría el 0,14 %, cifras completamente manejables para las finanzas públicas. Experiencias recientes en la región, como las reformas aprobadas en Uruguay y Brasil, demuestran que avanzar hacia esquemas graduales de protección al cuidado infantil es una medida viable y urgente para el desarrollo sanitario y social.